Última revisión: 2 de noviembre de 2026
La tramitación de una herencia puede quedar detenida porque una de las personas llamadas a heredar no comunica si acepta o repudia. La falta de respuesta genera incertidumbre para los demás interesados: resulta difícil avanzar en la documentación sucesoria cuando no se sabe quién asumirá la condición de heredero. El Código Civil prevé un requerimiento notarial para provocar una decisión, con un plazo y una consecuencia que conviene conocer antes de utilizarlo.
El artículo 1004 del Código Civil establece que no puede intentarse una acción para que el llamado acepte o repudie hasta transcurridos nueve días desde el fallecimiento. Pasado ese momento, el artículo 1005 permite a cualquier interesado que acredite su interés acudir a un notario para que comunique formalmente al llamado que debe pronunciarse.
No se trata de una aceptación automática por el mero paso del tiempo desde la muerte, ni de un plazo general de treinta días aplicable a toda herencia. El plazo del artículo 1005 se vincula a la comunicación notarial prevista en ese precepto. Quien pretende promoverla debe poder acreditar un interés concreto en que se despeje la situación.
La comunicación notarial informa de que dispone de treinta días naturales para aceptar la herencia pura y simplemente, aceptarla a beneficio de inventario o repudiarla. La elección tiene efectos patrimoniales distintos y merece una revisión previa de bienes, deudas y documentos de la sucesión.
La aceptación pura y simple puede ser expresa o resultar de actos que necesariamente revelen la voluntad de aceptar, según el artículo 999 del Código Civil. El artículo 1003 advierte de que el heredero que acepta de ese modo responde de las cargas hereditarias también con sus propios bienes. Conviene, por tanto, evitar actuaciones que puedan implicar aceptación tácita sin haber comprobado antes la situación de la herencia.
El beneficio de inventario limita la responsabilidad por deudas hereditarias al valor de los bienes de la herencia, conforme al artículo 1023. Su eficacia exige una declaración ante notario y un inventario fiel y exacto con las formalidades y los plazos legales. Los artículos 1010 a 1018 regulan esta opción, incluido el derecho a pedir inventario antes de decidir y las consecuencias de incumplir sus requisitos. No basta con afirmar informalmente que se acepta «a beneficio de inventario».
Si se opta por repudiar, la renuncia a la herencia debe formalizarse ante notario en instrumento público, como dispone el artículo 1008. La decisión de uno de los llamados no obliga a los demás a adoptar la misma: el artículo 1007 reconoce que, cuando hay varios herederos, unos pueden aceptar y otros repudiar.
El punto más relevante del requerimiento es la advertencia legal sobre el silencio. Si la persona requerida no manifiesta su voluntad dentro de los treinta días naturales, el artículo 1005 establece que se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente. Esa consecuencia puede ser especialmente importante si existen deudas: la responsabilidad de la aceptación pura y simple se rige por el artículo 1003.
Por eso, quien recibe la comunicación debe examinarla sin demora. Si desconoce el alcance de las deudas o necesita valorar el beneficio de inventario, conviene consultar los plazos y formalidades aplicables a su situación concreta antes de que transcurra el plazo. El Código Civil contempla reglas específicas para formar inventario según si el llamado tiene o no en su poder bienes hereditarios y si ha actuado ya como heredero (artículos 1014 y 1015).
El requerimiento sirve para aclarar la posición de quien ha sido llamado a heredar. No adjudica por sí mismo una vivienda, no determina el valor de los bienes y no resuelve un desacuerdo sobre el reparto. La aceptación y la partición son pasos jurídicos diferentes.
Si los herederos pueden pactar la distribución, el artículo 1058 permite que, en las condiciones que establece, distribuyan la herencia de la manera que tengan por conveniente. Si no se ponen de acuerdo sobre la partición, el artículo 1059 remite al ejercicio de sus derechos en la forma prevista por la Ley de Enjuiciamiento Civil. La vía adecuada depende de si el problema es la falta de decisión sobre aceptar o la discrepancia posterior sobre cómo repartir.
Este artículo tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No constituye orientación ni consulta jurídica y no sustituye el análisis individual de las circunstancias y documentos de cada caso.